La Libertad Avanza intenta posicionar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad como uno de los ejes centrales de la jornada legislativa, coincidiendo con el mismo día en que sectores de la oposición solicitaron una sesión especial para abordar el escándalo del Criptogate, que salpica al oficialismo y al presidente Javier Milei.
La Libertad Avanza, junto a bloques aliados como el PRO, la UCR y Encuentro Federal, impulsará este martes en Diputados una discusión en comisiones sobre la reforma penal juvenil, con el objetivo de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años. El proyecto busca permitir que menores involucrados en delitos graves puedan ser juzgados y sancionados penalmente. La iniciativa se tratará en un plenario que reúne a las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto, cuyos presidentes responden a diferentes espacios del oficialismo y sus socios parlamentarios.
El tratamiento del tema se da en paralelo a la sesión solicitada por la oposición para abordar el escándalo del Criptogate y la moratoria previsional, por lo que el oficialismo busca instalar un tema propio en la agenda legislativa. La reunión de comisiones fue reprogramada para las 17:30 con la intención de firmar dictamen ese mismo día, permitiendo así llevar la iniciativa al recinto antes de fin de mes. Si bien el proyecto oficial proponía originalmente fijar la edad mínima de imputabilidad en 13 años, el acuerdo entre bloques apunta a establecerla en 14, en línea con propuestas como la del diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador.
El proyecto en debate establece límites como la prohibición de aplicar penas de reclusión perpetua a menores, fijando un máximo de 20 años de prisión incluso en casos de múltiples delitos. Durante el año ya se realizaron varias reuniones para discutir la propuesta, que acumula más de una docena de iniciativas presentadas por legisladores de diferentes fuerzas políticas. El oficialismo considera prioritario avanzar con esta reforma, argumentando que es una demanda social y una deuda pendiente del sistema penal juvenil.














