En ese intercambio de mensajes, la ex primera dama le expresa a su ex pareja su malestar por haberla desacreditado públicamente, señalando que él la trató de «loca» y la acusó de inventar situaciones, lo que habría afectado su imagen y su estabilidad emocional.
El fiscal federal Ramiro González entregó este lunes a los abogados de Fabiola Yañez y de Alberto Fernández una copia del peritaje realizado sobre los dispositivos electrónicos secuestrados al ex mandatario. Este material se incorporó como nueva prueba en la causa que investiga una denuncia por violencia de género contra la ex primera dama. La entrega se realizó en el marco de una audiencia judicial a la que asistieron representantes legales de ambas partes.
Los mensajes extraídos contienen intercambios entre el ex presidente, Yañez y su madre, Miriam Verdugo, y formaban parte de una pericia que aún estaba pendiente. La información fue descargada por la fiscalía y entregada en discos duros a ambas partes para su análisis. Cabe recordar que Alberto Fernández ya cuenta con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña en esta causa.
El abogado de Yañez, Mauricio D’Alessandro, y la defensora del ex mandatario, Silvina Carreira, participaron de la audiencia. Tras la entrega del material, las partes deberán evaluar si el contenido justifica la incorporación de nuevas pruebas o testigos, o si el expediente ya puede ser elevado a juicio. Según trascendió, los mensajes analizados reforzarían la acusación contra Fernández por conductas que habrían generado presión emocional sobre Yañez.
En el contexto del expediente, se destacan mensajes en los que la ex primera dama expresa sentirse humillada y desamparada durante su embarazo, además de señalar una dinámica de maltrato psicológico. Por su parte, Fernández respondió con referencias a las dificultades de la vida política y a su percepción del conflicto como parte de una situación más amplia de desgaste personal. La causa judicial encuadra las acusaciones en un marco de violencia de género sostenida desde 2016 hasta agosto de 2024, y se suma a otra investigación penal que involucra al ex presidente por presuntas irregularidades en la adjudicación de seguros durante su gestión.














