La jueza Preska, de Nueva York, mandó a Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a una cuenta específica, estableciendo un plazo de 14 días para acatar la decisión judicial.

La jueza federal de Nueva York, Loretta A. Preska, emitió una orden de ejecución que obliga a la República Argentina a depositar, en un plazo de catorce días, el 51% de las acciones Clase D de YPF S.A., que representan la mayoría accionaria, en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon. Esta medida responde a una sentencia firme por 16.100 millones de dólares a favor de los fondos Petersen Energía y Eton Park, quienes demandaron al Estado por la expropiación de 2012.

De acuerdo a la información obtenida por Noticias Argentinas, la jueza aplicó la excepción comercial prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y se basó en los artículos de ejecución del Código de Procedimientos Civiles y Reglas Uniformes de Comercio (CPLR y UCC) del estado de Nueva York.En su fallo, Preska rechazó los argumentos de inmunidad planteados por el Gobierno argentino y consideró que las acciones de YPF son plenamente transferibles, a pesar de la prohibición establecida en la Ley 26.741, que regula la expropiación.

El fallo “Petersen Energía Inversora v. Argentine Republic” condena a Argentina a pagar 16,1 mil millones de dólares por incumplir la cláusula de oferta pública tras la estatización de YPF. La jueza Loretta Preska ordenó que el Estado entregue el 51% de las acciones Clase D, que controla mediante la Anses y el Tesoro, depositándolas en el Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días, con la transferencia a los fondos demandantes al día hábil siguiente. La decisión se fundamenta en normas legales de Nueva York, como la Regla 69 FRCP, CPLR § 5225(c) y UCC § 8-112(e), y aplica la excepción comercial de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), considerando que el paquete accionario dirige a YPF en EE.UU.

El fallo también establece que, aunque las acciones están asentadas en la Caja de Valores argentina, son libremente transferibles y su sede legal se traslada a Nueva York al depositarse en el BNYM. La ley argentina que prohíbe la transferencia no tiene efecto ante la normativa federal estadounidense, que prevalece. Además, la jueza rechazó la solicitud de audiencia de la defensa y advirtió que, en caso de incumplimiento, Argentina podría enfrentar sanciones civiles y nuevos embargos sobre sus activos soberanos, ya que Estados Unidos tiene un interés superior en hacer cumplir sus sentencias sin conflictos con las leyes argentinas.