La Corte está evaluando distintas medidas alternativas que permitan la incautación de los bienes implicados en el caso. Esta revisión busca garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera eficaz y justa, explorando opciones que puedan asegurar la recuperación de los activos sin afectar derechos fundamentales.

A pocos días de que venza el plazo judicial, ninguno de los condenados en la causa Vialidad, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha cumplido con la orden de devolver los 530 millones de dólares que, según la sentencia, deben restituir al Estado. El límite para realizar el depósito en la cuenta especial del Banco Nación está fijado para el 13 de agosto, y hasta ahora ni Cristina Kirchner, ni Lázaro Báez, ni José López han efectuado ningún pago.

Si para esa fecha no se realiza la transferencia, la Justicia procederá con la subasta pública de los bienes confiscados. Sin embargo, una reciente resolución de la Corte Suprema introdujo una alternativa: parte de estos inmuebles podría destinarse a usos institucionales, como oficinas para el tribunal o para el Consejo de la Magistratura, en lugar de venderse de inmediato. Esto permitiría que algunas propiedades se usen como espacios para la administración judicial o programas públicos.

En el caso de Cristina Kirchner, condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron varias propiedades, incluyendo departamentos en el complejo Madero Center y 24 inmuebles en el sur del país, que podrían ser subastados. No obstante, existe un conflicto legal adicional, ya que muchos de esos bienes están registrados a nombre de sus hijos y están embargados en otra causa. Los fiscales aseguran que, por haber sido la primera sentencia, la causa Vialidad tiene prioridad para ejecutar la subasta.

Además, si la venta no se concreta, la Corte permite que estos bienes sean cedidos temporalmente a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para proyectos sociales relacionados con educación, salud, asistencia a víctimas o inclusión social. La causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022, determinó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se favorecieron irregularmente contratos de obra pública en Santa Cruz a Lázaro Báez, causando un perjuicio millonario al Estado. Ahora, a días del vencimiento, la discusión judicial gira en torno a si el dinero será devuelto, los bienes vendidos o si algunos serán destinados a uso institucional.