El Gobierno de Javier Milei decidió vetar por completo el proyecto de ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial de docentes y personal no docente. La medida se oficializó este miércoles 10 de septiembre mediante el Decreto 647/2025 y marca un fuerte rechazo del Ejecutivo a la iniciativa aprobada por el Congreso el 21 de agosto.

Fuentes oficiales confirmaron que el veto se enmarca en un contexto de tensión entre el Gobierno y las casas de estudio, que vienen denunciando recortes presupuestarios. Desde el Ejecutivo advierten que mantener el control sobre el gasto público es clave, mientras que legisladores de la oposición aseguran que la medida generará un nuevo conflicto con el sector educativo.

El proyecto vetado buscaba garantizar el financiamiento estable de la educación universitaria en todo el país, asegurar condiciones salariales y laborales para docentes y no docentes, ampliar la oferta académica, fortalecer la investigación, la extensión universitaria y la formación tecnológica, y garantizar la infraestructura y becas para los estudiantes. Además, establecía que los montos asignados debían actualizarse con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre mayo y diciembre de 2024.

El veto total refleja la postura del Gobierno de evitar lo que considera intervenciones externas en la administración de los recursos públicos, pero abre un nuevo frente de conflicto con universidades y legisladores que reclaman mayor inversión para sostener la calidad de la educación superior.