El exintendente de General Roca, vuelve a la arena electoral en busca de un lugar en el Congreso. Su trayectoria política arrastra cuestionamientos, entre ellos las denuncias por el otorgamiento de sobresueldos en negro durante su gestión municipal, que marcaron una etapa de fuertes críticas a su conducción. Ahora, su candidatura al Senado reabre el debate sobre la vigencia de viejas prácticas en un escenario que se presenta bajo el discurso de renovación.

La designación de Soria como candidato generó ruido interno en la provincia, donde sectores del oficialismo local esperaban un proceso de selección más abierto y participativo. El hecho de que su postulación haya surgido directamente desde la conducción nacional alimenta la percepción de una imposición que limita la construcción de liderazgos propios en el territorio. Este mecanismo de designación vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el centralismo porteño en la definición de candidaturas.

En paralelo, resurgen los cuestionamientos a su paso por la intendencia de General Roca, donde su administración quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos municipales. Aunque Soria logró sostener su poder político durante varios años, su estilo de conducción fue señalado como verticalista y poco permeable a las demandas de la oposición y de organizaciones sociales. Estos antecedentes son ahora utilizados por sus adversarios para relativizar la idea de un candidato que encarne la renovación política.

La campaña intentará mostrar a Soria como un dirigente con experiencia de gestión y con capacidad de representación en la Cámara alta. Sin embargo, la narrativa de renovación que acompaña a su candidatura choca con el peso de su historial político y con las resistencias internas que despierta su figura. El contraste entre el discurso y la práctica política se vuelve, en este caso, el principal desafío de su postulación.