La Justicia federal ordenó la detención de tres trabajadores del Correo Argentino sospechados de integrar una maniobra de contrabando que operaba a través del ingreso de encomiendas al país. Según la investigación, los empleados habrían recibido dinero de particulares para permitir el paso de productos sin declarar, eludiendo los controles aduaneros y vulnerando las normas de importación.

Las detenciones se produjeron tras varios meses de seguimiento en los que se detectaron movimientos irregulares en depósitos y centros de clasificación. De acuerdo con las fuentes judiciales, los implicados manipulaban paquetes para evitar inspecciones y así garantizar que la mercadería llegara a destino sin la intervención de la Aduana. Entre los artículos que se habrían contrabandeado figuran dispositivos electrónicos, indumentaria de alto valor y cosméticos, productos que habitualmente pagan aranceles elevados en su ingreso formal.

El caso quedó a cargo de un juzgado federal que imputó a los empleados por asociación ilícita, cohecho y contrabando agravado. También se investiga si hay más personal involucrado o si existía una red de beneficiarios que se servía del circuito irregular para obtener ganancias.

Desde el Correo Argentino informaron que colaboran con la Justicia y que, en paralelo, se abrió un sumario administrativo para apartar preventivamente a los acusados. “La empresa repudia toda práctica de corrupción y está comprometida en garantizar transparencia en sus procesos”, señalaron en un comunicado.

El escándalo genera preocupación porque se trata de una empresa estatal que gestiona diariamente miles de envíos en todo el país. La investigación busca determinar el alcance real del circuito ilegal y establecer si hubo complicidades externas. Mientras tanto, los tres detenidos permanecerán bajo custodia hasta que se resuelva su situación procesal.

El episodio pone en evidencia los riesgos de corrupción en áreas sensibles como el correo y la aduana, donde circula un volumen creciente de mercadería en tiempos de auge del comercio electrónico. Para la Justicia, esclarecer el caso será clave no solo para castigar a los responsables, sino también para recuperar la confianza de los usuarios en el sistema de envíos oficial.