El actual candidato a senador, designado a dedo desde Buenos Aires, quedó vinculado a una causa iniciada en 2019 tras la denuncia de que más de 40 funcionarios de General Roca entregaban parte de sus salarios en efectivo, fuera de recibo, para sostener la carrera política del entonces intendente. Aunque los fiscales concluyeron que la operatoria fue irregular pero no delictiva, el expediente sigue abierto.

La investigación se originó a partir de testimonios que daban cuenta de una mecánica sistemática: los funcionarios de confianza del intendente eran obligados a desprenderse de un porcentaje fijo de sus haberes, dinero que luego se destinaba al financiamiento de actividades partidarias. El mecanismo, además de opaco, despertó sospechas por tratarse de fondos públicos que, de manera indirecta, eran utilizados con fines políticos.

En la ciudad de General Roca, el caso generó un fuerte impacto social y político. Para muchos vecinos, la causa reveló una práctica que puso en evidencia el manejo discrecional del poder y el sometimiento de los trabajadores municipales a las directivas del intendente. Para otros, fue una confirmación de las viejas prácticas clientelares que siguen marcando la vida institucional de la región.

Si bien la justicia no imputó un delito concreto, el reconocimiento de irregularidades dejó un manto de dudas difícil de disipar. El expediente continúa en trámite y mantiene vivo el debate sobre la ética pública y los límites entre la acción partidaria y la función estatal. El propio Soria, por su parte, intentó relativizar las denuncias, pero nunca logró despegarse del todo de las sospechas.

Hoy, su candidatura al Senado revive la controversia y proyecta aquellas acusaciones al plano nacional. La discusión no se centra únicamente en los hechos ocurridos, sino en lo que representan: un modelo de construcción política sostenido en prácticas cuestionadas que contrastan con el discurso de renovación y transparencia que pretende exhibir en la actual campaña electoral.