La Municipalidad presenta proyectos de pavimentación con enfoques financieros dispares. Mientras que en la calle Güemes se ejecuta una obra integral financiada mayormente por el municipio, en el barrio Quintu Panal los vecinos deben afrontar costos elevados a través del régimen de «contribución por mejoras». Esta disparidad genera cuestionamientos sobre la equidad en la distribución de recursos y el posible beneficio privado de funcionarios públicos.
La Municipalidad de General Roca ha presentado dos proyectos de pavimentación con mecanismos de financiamiento significativamente distintos. En la calle Güemes, se lleva a cabo una intervención urbana integral que incluye repavimentación, bulevar, dársenas, ciclovía, plaza saludable, forestación y semaforización. Esta obra es financiada principalmente por el municipio, aunque algunos costos se trasladan a los frentistas. Por otro lado, en el barrio Quintu Panal, la pavimentación de 22 cuadras se realiza bajo el régimen de «contribución por mejoras», lo que implica que los vecinos deben cubrir los costos de la obra.
Los residentes de Quintu Panal enfrentan cuotas mensuales que, según denuncian, pueden alcanzar hasta $500.000 durante cuatro años, o un adelanto de $12 millones para evitar el costo financiero de un plan extendido que podría duplicar la cifra. Además, se critica que no fueron informados a tiempo del monto exacto antes de habilitar el Registro de oposición. Esta diferencia en los mecanismos de financiamiento ha generado descontento entre los vecinos, quienes consideran que los costos impuestos son «confiscatorios».
La disparidad en el tratamiento de estas obras se ve reflejada en los intereses privados vinculados a la familia Soria, clan político que gobierna la ciudad. Según informes, los Soria habrían adquirido terrenos en la calle Güemes en 2012, inicialmente destinados a una plaza, pero que posteriormente albergaron un complejo de departamentos de la familia. Además, en las cercanías se observan comercios de apellidos vinculados a la gestión municipal. Esta situación plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos y el posible beneficio privado de funcionarios públicos, generando un clima de desconfianza entre los habitantes de General Roca.














