Mientras los vecinos deben financiar el asfaltado de sus calles con planes de pago inalcanzables, la gestión municipal actual destina obras que benefician a su entorno más cercano. Las críticas apuntan al uso discrecional de los recursos municipales y a la falta de transparencia en la asignación de proyectos, que coinciden con zonas donde la familia Soria concentra propiedades. 

Las denuncias, respaldadas por asociaciones vecinales y referentes comunitarios, señalan falta de transparencia y favoritismo en la asignación de proyectos, además de presuntas irregularidades en los criterios de selección. “Los vecinos de los barrios populares seguimos esperando obras básicas, mientras en otras áreas el asfalto llega sin que nadie lo pida”, reclamaron desde una junta barrial.

Fuentes internas del municipio reconocen tensiones dentro del oficialismo local por el uso discrecional de los fondos y por decisiones que priorizan “la conveniencia política antes que la necesidad urbana”. El malestar crece entre los contribuyentes que sienten que el peso económico recae sobre quienes menos tienen, mientras las zonas privilegiadas reciben inversión pública sostenida.

En un contexto preelectoral, las acusaciones vuelven a poner en foco el poder concentrado del clan Soria, que desde hace más de veinte años mantiene influencia en la política roquense. Los vecinos exigen mayor control sobre la ejecución presupuestaria y una distribución equitativa de los recursos, para que las obras respondan a las necesidades reales de la comunidad y no a los intereses del poder de turno.