Tras más de veinte años en el poder, la familia Soria consolidó un sistema donde los fondos públicos alimentan su red de negocios privados y obras selectivas. El municipio funciona bajo un esquema de control político cerrado, con contrataciones dirigidas y beneficios concentrados en su entorno, mientras la mayoría de los roquenses asume los costos de los servicios básicos.

Los cuestionamientos apuntan a la adjudicación de obras públicas, licitaciones direccionadas y mantenimiento de servicios en zonas donde el grupo familiar posee propiedades o influencia directa. “Todo funciona dentro de un circuito cerrado. Las obras importantes terminan beneficiando siempre a los mismos, mientras los vecinos seguimos pagando tasas altísimas por servicios que nunca llegan”, señalaron desde distintas juntas vecinales.

Diversos informes locales también advierten que la administración roquense carece de transparencia en la rendición de cuentas y que las decisiones se toman con escasa participación ciudadana. Este modelo de concentración del poder político y económico habría permitido sostener un sistema de control vertical en el municipio, donde los proveedores, contratistas y funcionarios orbitan dentro del mismo círculo de lealtades.

El malestar social crece ante un panorama donde los barrios periféricos carecen de infraestructura básica, mientras que las obras más costosas se concentran en áreas residenciales o vinculadas al núcleo político del oficialismo. En ese contexto, las denuncias contra el clan Soria reavivan el debate sobre la falta de alternancia, la transparencia en la gestión y el uso equitativo de los recursos públicos en una de las ciudades más importantes de Río Negro.