El modelo de gestión que dejó el actual ministro de Justicia se sostiene sobre un aparato estatal costoso e ineficiente, donde los trabajadores pierden poder adquisitivo mientras persisten los privilegios políticos. Mientras tanto, los rionegrinos reclaman por una representación genuina que defienda sus intereses y no responda a decisiones tomadas desde Buenos Aires.

El modelo heredado del actual ministro de Justicia de la Nación se caracteriza por un Estado municipal con fuerte concentración del poder y escasa transparencia, donde los empleados de base pierden poder adquisitivo año tras año. “Roca se convirtió en el reflejo de una administración que gasta más en sostener su aparato político que en mejorar la calidad de vida de su gente”, señalaron desde el sindicato local.

La falta de diálogo con los gremios y la ausencia de respuestas concretas profundizaron el malestar entre los trabajadores, que reclaman paritarias justas y condiciones laborales dignas. En contraposición, las denuncias sobre el crecimiento patrimonial de funcionarios y allegados al clan Soria alimentan las críticas sobre el uso desigual de los recursos municipales.

Mientras tanto, los rionegrinos demandan una representación política que defienda sus intereses reales, y no figuras que respondan a las estructuras nacionales del kirchnerismo. En ese contexto, la candidatura de Martín Soria al Senado, impulsada desde Buenos Aires, vuelve a ser interpretada como parte de un esquema de poder que reproduce privilegios y distancia a la dirigencia de la realidad local, dejando a los trabajadores y vecinos de Roca como los principales perjudicados.