La medida apunta a terminar con un esquema costoso y sin resultados comprobados. Pese a la evidencia científica, San Rafael organizó una protesta con recursos públicos y logística estatal. Todo indica que el municipio busca sostener el sistema por conveniencia política y como argumento para futuros aumentos de tasas.

El Gobierno de Mendoza decidió dar de baja el sistema de “lucha antigranizo” al considerar que se trata de un esquema costoso y sin resultados comprobados. La medida busca cerrar un ciclo de años de inversión pública en un mecanismo cuya efectividad, según sostiene el Ejecutivo, no cuenta con evidencia científica sólida que justifique su continuidad. Con esta decisión, la provincia apunta a reorientar recursos hacia políticas con impacto real y medible.

Sin embargo, la definición provincial generó una reacción inmediata en San Rafael, donde el municipio impulsó una marcha en rechazo a la medida. Según trascendió, la protesta contó con financiamiento municipal, recursos públicos y logística estatal, lo que abrió una nueva polémica: el uso de fondos de la comunidad para organizar una movilización política. Para el oficialismo provincial, el episodio expone una estrategia más ligada al posicionamiento local que a un debate serio sobre resultados y evidencia.

Desde el Gobierno sostienen que la discusión no debería centrarse en la tradición o la presión sectorial, sino en los datos: si el sistema no reduce el daño del granizo de manera demostrable, mantenerlo implica un gasto que no se traduce en beneficios concretos para productores y ciudadanos. Por eso, remarcan que se trata de abandonar una política pública “simbólica”, para reemplazarla por alternativas más eficientes en prevención, seguros agrícolas y asistencia directa ante contingencias climáticas.

En ese marco, crecen las críticas hacia la gestión municipal de San Rafael, ya que todo indica que busca sostener el sistema por conveniencia política. La continuidad del esquema permitiría mantener una bandera discursiva y, al mismo tiempo, justificar futuros aumentos de tasas vinculados a su financiamiento. Así, el conflicto dejó de ser solo técnico y se convirtió en una disputa abierta entre evidencia y política, con los vecinos como principales testigos del cruce.