Luego de que un sector de la fuerza rechazara la oferta salarial de la Provincia, la protesta frente a la Casa de Gobierno fue encabezada por el ex efectivo Rubén Ángel Muñoz, condenado a ocho meses de prisión en suspenso por amenazas al ministro de Seguridad Daniel Jara, y se realizó con el respaldo logístico de un concejal del espacio sorista de General Roca.

Muñoz (quien llegó a la manifestación en una camioneta aportada por un concejal del espacio político vinculado a los Soria en General Roca) no es una figura menor dentro del conflicto. Su historial dentro de la fuerza, marcado por sanciones previas y una exoneración polémica, plantea interrogantes sobre la legitimidad de su rol como vocero de un reclamo que, en principio, reúne a trabajadores activos y jubilados de la seguridad provincial.

Para algunos analistas, la presencia de un ex efectivo con antecedentes judiciales y el respaldo visible de un concejal sorista en una protesta tan sensible como la salarial constituye una maniobra para capitalizar políticamente un reclamo genuino. Para otros, se trata de una muestra de que el escenario político en Río Negro está cada vez más fragmentado, con actores que buscan ocupar espacios de visibilidad y liderazgo, aún a costa de debates sobre legitimidad y representación.

En definitiva, la marcha en Viedma no solo expone una problemática concreta en torno a los salarios de la fuerza policial, sino que también rehace el debate sobre quién articula y lidera las expresiones de protesta en la provincia, y cómo sectores con trayectorias políticas diversas, como los vinculados al sorismo en General Roca, influyen en esas dinámicas.