La Casa Rosada acusó a la conducción sindical de intentar “condicionar” el rumbo económico con una medida de fuerza que, según el oficialismo, responde a intereses políticos. La central obrera defendió la convocatoria y advirtió sobre el deterioro salarial y laboral.

El Gobierno nacional endureció su discurso frente al paro anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y lo describió como una acción “perversa y extorsiva”, al considerar que busca presionar al Ejecutivo en plena etapa de reformas económicas. Desde el entorno presidencial sostienen que la medida no apunta a resolver problemas concretos, sino a marcarle límites políticos a la administración nacional.

Funcionarios de la Casa Rosada remarcaron que el país atraviesa un proceso de reordenamiento fiscal y que las decisiones adoptadas —aunque impopulares— son necesarias para estabilizar la economía y reducir la inflación. En ese marco, cuestionaron que el sindicalismo recurra a un paro general en lugar de profundizar el diálogo, y señalaron que la protesta impactará negativamente en millones de trabajadores que verán afectadas sus actividades diarias.

Desde la central obrera, en cambio, defendieron la convocatoria como una respuesta al deterioro del poder adquisitivo, la caída del empleo y el impacto social de las políticas de ajuste. Dirigentes sindicales advirtieron que las negociaciones paritarias no logran compensar la inflación acumulada y que numerosos sectores productivos atraviesan dificultades que se traducen en suspensiones y despidos.

El enfrentamiento verbal expone una tensión creciente entre el Ejecutivo y el movimiento sindical, que en los últimos meses se consolidó como uno de los principales focos de oposición. La medida de fuerza, que incluirá movilizaciones y afectará distintos servicios, promete convertirse en un nuevo capítulo de una disputa que combina reclamos económicos con una fuerte dimensión política.

En este escenario, el paro no solo pone en discusión la situación salarial y laboral, sino también el equilibrio de poder entre el Gobierno y los gremios. Mientras el oficialismo busca sostener su programa de reformas estructurales, la CGT intenta posicionarse como vocera del malestar social en un contexto de ajuste y cambios profundos en el esquema económico del país.