Diputados ratificó el texto del Senado, aunque quitó el artículo referido a enfermedades y accidentes laborales.

La Cámara de Diputados avanzó con la reforma laboral que el oficialismo buscará convertir en ley en el Senado la próxima semana. El proyecto introduce modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, en la normativa de asociaciones sindicales y en el régimen de negociación colectiva. Entre los puntos principales, habilita convenios por empresa —los acuerdos de ámbito mayor no podrán alterar los de ámbito menor—, elimina la ultraactividad plena (los convenios vencidos no seguirán rigiendo en su totalidad) y permite incorporar componentes salariales “dinámicos”, ya sean fijos o variables. También mantiene la indemnización de un mes por año trabajado, pero excluye del cálculo conceptos no mensuales como aguinaldo o premios.

En materia sindical, fija un tope del 2% para cuotas solidarias, establece que las asambleas en los lugares de trabajo requerirán autorización del empleador y reconoce a los delegados hasta 10 horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones. Además, limita el derecho de huelga al ampliar la categoría de “servicios esenciales” (con prestación mínima del 75%) y “servicios trascendentales” (50%), y considera infracción muy grave los bloqueos que afecten la libertad de trabajo. También elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal en la contratación de terceros.

La iniciativa crea un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes empresariales —1% para grandes firmas y 2,5% para pymes— a cambio de beneficios en contribuciones patronales; habilita el banco de horas con jornadas de hasta 12 horas compensables; permite pagar salarios en moneda extranjera; fija nuevas reglas sobre antigüedad y vacaciones; redefine a repartidores de plataformas como prestadores independientes con seguros obligatorios; y contempla incentivos fiscales e impositivos, incluido un nuevo régimen para inversiones pyme. Asimismo, dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y posterga cambios en el financiamiento del INCAA, además de derogar la ley de teletrabajo y estatutos especiales como el del periodista profesional.