El Gobierno de Tucumán presentó un recurso contra la decisión judicial que exige normalizar el organismo en un plazo de 60 días, pese a que el gobernador había asegurado que respetaría la sentencia.

La Fiscalía de Estado solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que revoque los puntos del fallo que disponen finalizar la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y conformar el Directorio establecido por la legislación. La intervención se mantiene desde julio de 2000, aunque la normativa establece que debe ser una medida excepcional y no puede superar los 60 días.

El recurso sostiene que los propietarios de salones de fiestas que impulsaron el amparo no tenían legitimidad para cuestionar el funcionamiento institucional del organismo y que la Justicia no podía imponer al Ejecutivo una forma específica de normalización. Mientras la sentencia no quede firme, la apelación continúa en trámite y la intervención de 26 años sigue siendo el centro de la disputa.