Durante casi ocho años el apellido Grasso estuvo vinculado a la conducción del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, un período que quedó bajo cuestionamiento por una denuncia penal por obras demoradas y viviendas sin terminar.

Durante casi ocho años, entre 2015 y 2023, el apellido Grasso estuvo vinculado a la conducción del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz, primero con Pablo Grasso y luego con María de los Ángeles Grasso. Ese período quedó bajo la lupa a partir de una denuncia penal presentada en 2023 por el concejal Pedro Muñoz sobre la gestión del actual intendente de Río Gallegos.

Según el relevamiento incorporado a esa presentación, entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019 se habrían licitado 988 viviendas, mientras que solamente 224 habrían sido entregadas, lo que representaría aproximadamente el 22,7% del total, es decir, menos de una de cada cuatro. Los números forman parte de una denuncia judicial y no implican por sí mismos que se hayan determinado responsabilidades penales o administrativas.

A esos cuestionamientos se sumaron obras demoradas, contratos rescindidos y viviendas que, según denuncias posteriores de las nuevas autoridades del organismo, habrían sido adjudicadas sin estar completamente terminadas, con trabajos pendientes que algunas familias debieron reclamar más tarde. Estas afirmaciones corresponden a las nuevas autoridades y deberían contrastarse con los expedientes administrativos de cada obra.

Durante décadas, la construcción de viviendas mediante programas estatales fue una de las principales banderas del kirchnerismo en Santa Cruz. Sin embargo, hacia el final de ese ciclo, el panorama habitacional mostró proyectos pendientes y una demanda que continuaba creciendo, mientras miles de santacruceños seguían esperando su casa propia.