El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; su hermana y expresidenta del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Grasso; y el jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, fueron notificados como imputados en distintas investigaciones que tramitan ante la Justicia.

En el caso de Pablo y María Grasso, la investigación está vinculada a presuntas irregularidades ocurridas durante sus respectivas gestiones al frente del IDUV. Entre los hechos bajo análisis aparecen procedimientos administrativos, licitaciones y adjudicaciones realizadas durante distintas conducciones del organismo.

La situación de Diego Robles corresponde a otra causa, originada a partir de una denuncia vinculada con aportes descontados a trabajadores municipales que presuntamente no habrían sido transferidos a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales. La investigación deberá determinar qué ocurrió con esos recursos y si existen responsabilidades.

Las investigaciones permanecen en trámite. La condición de imputados implica que los tres quedaron formalmente incorporados a las causas y pueden ejercer su derecho de defensa, pero no supone por sí misma una declaración de culpabilidad ni una condena.