La Justicia notificó como imputados al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; a la expresidenta del IDUV María Grasso; y al actual jefe de Gabinete municipal, Diego Robles. Los tres están alcanzados por investigaciones diferentes relacionadas con el ejercicio de la función pública.
Pablo y María Grasso quedaron incorporados a un expediente que analiza presuntas irregularidades durante sus etapas al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. La causa indaga distintos procedimientos administrativos, licitaciones y adjudicaciones desarrollados en el organismo provincial.
Robles, en tanto, fue imputado en otra investigación vinculada a aportes descontados de los salarios de empleados municipales. Según la denuncia, esos recursos presuntamente no habrían sido transferidos a los organismos provinciales de previsión social y cobertura sanitaria.
Ahora será la Justicia la encargada de avanzar con las medidas correspondientes y establecer si existieron responsabilidades en los hechos investigados. La imputación constituye una instancia del proceso y no representa una determinación de culpabilidad.
