La gestión de Río Gallegos quedó bajo críticas por contrataciones que, según la denuncia, incluyen $48,5 millones en mobiliario y más de $41 millones en alquileres. El cuestionamiento aparece mientras Grasso sostiene que la situación financiera municipal podría afectar el pago de haberes.

Los montos generaron críticas sobre las prioridades de gasto de la administración municipal, especialmente por tratarse de desembolsos realizados en un contexto de restricciones financieras. El cuestionamiento se centra en si este tipo de contrataciones resulta compatible con las dificultades económicas que atraviesa el municipio.

La discusión tomó mayor relevancia luego de que el propio Grasso advirtiera sobre el escenario financiero de Río Gallegos y señalara que la situación podría complicar el cumplimiento del pago de haberes municipales. Sus declaraciones pusieron el foco sobre la disponibilidad de recursos para afrontar los compromisos salariales.

En ese contexto, los cuestionamientos apuntan a la diferencia entre los gastos destinados a mobiliario y alquileres y las advertencias realizadas desde el Ejecutivo municipal sobre las cuentas públicas. Desde sectores críticos reclaman conocer con mayor precisión el destino de esos fondos y las razones detrás de las contrataciones.

El debate se instala así sobre las prioridades presupuestarias del municipio, mientras la gestión de Grasso debe afrontar los compromisos corrientes y garantizar el funcionamiento de los servicios municipales y el pago de los salarios.