La situación financiera de la Municipalidad de Río Gallegos volvió a quedar bajo la lupa luego de que registros municipales consignaran un presupuesto oficial de $48,486 millones para la adquisición de mobiliario destinado específicamente al despacho del intendente Pablo Grasso. La cifra tomó relevancia en medio de las advertencias del propio jefe comunal sobre las dificultades económicas que atraviesa la comuna.

De acuerdo con la documentación difundida, el gasto corresponde a mobiliario para el despacho de la Intendencia. Además, la misma empresa que aparece vinculada a esa contratación, Servicios del Sur Patagónico S.A.S., también participó en trabajos de remodelación del despacho y de otras oficinas del Palacio Municipal.

El contraste genera cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público municipal. Mientras Grasso sostiene que las restricciones financieras comprometen la capacidad operativa del Municipio e incluso podrían afectar el cumplimiento de obligaciones salariales, los registros muestran contrataciones millonarias destinadas a infraestructura y equipamiento de áreas vinculadas directamente con la conducción política de la comuna.

El caso se suma a otros gastos que también quedaron bajo discusión pública. Según la información difundida sobre los contratos municipales, la misma empresa recibió otros $41,4 millones por el alquiler durante un año de un contenedor para guardar diez botes en la Laguna Ortiz y de una casilla destinada al gimnasio Juan Domingo Perón.

Más allá de las explicaciones que pueda brindar el Ejecutivo municipal sobre cada contratación, el dato vuelve a poner en discusión cómo se administran los recursos de Río Gallegos y cuáles son las prioridades de una gestión que, al mismo tiempo, advierte sobre un escenario financiero complejo. La pregunta que queda planteada es si, en este contexto, esos casi $48,5 millones no podrían haber tenido otro destino para atender necesidades de los vecinos de la capital santacruceña.