La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden contra el exmandatario boliviano, acusado de presunta instigación en las protestas que generaron cortes de rutas, desabastecimiento y millonarias pérdidas económicas.
Morales quedó involucrado en una investigación impulsada por una denuncia del Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno por los bloqueos registrados en el país. La causa contempla delitos como terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
El conflicto provocó faltantes de alimentos, combustible e insumos médicos, además de dejar al menos 16 personas fallecidas. El Gobierno de Bolivia estimó que el impacto económico superó los 3.000 millones de dólares.
La medida judicial se suma a otra investigación contra el ex presidente por una causa de presunta trata de personas. Desde 2024, Morales permanece en la región de Chapare, acompañado por seguidores que hasta ahora han impedido su detención.
