una denuncia penal de 2023, que planteó que apenas una de cada cuatro viviendas licitadas entre 2016 y 2019 llegó a entregarse.

La gestión habitacional vinculada a los hermanos Grasso volvió a quedar bajo la lupa a partir de una denuncia penal presentada en 2023. El planteo sostuvo que de 988 viviendas licitadas entre 2016 y 2019, apenas 224 llegaron a entregarse, lo que representa menos de una de cada cuatro.

La denuncia también señaló la existencia de contratos rescindidos y de unidades que habrían sido adjudicadas sin estar completamente terminadas. Durante casi ocho años, entre 2015 y 2023, el apellido Grasso estuvo vinculado a la conducción del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz.

Los números forman parte de una presentación judicial y no implican por sí mismos que se hayan determinado responsabilidades penales o administrativas. La denuncia abrió interrogantes sobre qué ocurrió con las viviendas licitadas que, según el relevamiento, no habrían llegado a entregarse.

Durante décadas, la construcción de viviendas fue una de las principales banderas del kirchnerismo en Santa Cruz. Sin embargo, hacia el final de ese ciclo, el panorama mostró proyectos pendientes y una demanda que seguía creciendo, mientras miles de familias continuaban esperando su casa propia.