El sistema de fotomultas implementado por el municipio de General Roca quedó en el centro de la polémica tras las denuncias de vecinos y del ex director de Tránsito Diego Iraldi, que apuntó contra un esquema que “está diseñado para que los automovilistas queden en infracción y no para prevenir siniestros”.

Quien fuera director de Tránsito durante el primer año de la gestión de María Emilia Soria, Diego Iraldi, cuestionó duramente el sistema de fotomultas del municipio y lo definió como una «emboscada recaudatoria». Según el ex funcionario, especialista en seguridad vial, los dispositivos se colocaron en intersecciones donde las sendas peatonales están borradas o pintadas con pintura común en lugar de la termoplástica reflectante que exige la normativa, lo que dificulta que el conductor vea dónde debe frenar y facilita que quede en infracción.

Entre los principales cuestionamientos, Iraldi señaló que no hay cartelería que advierta la presencia de los radares, como exige la Ley de Tránsito, y puso en duda que los equipos estén homologados y certificados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el INTI. A esto se suma que, según los reclamos de los vecinos, las multas llegan hasta seis meses después de la supuesta infracción, lo que dificulta el derecho de defensa de los ciudadanos, que para entonces ya no recuerdan el recorrido ni pueden aportar pruebas.

El ex funcionario también apuntó contra la modalidad de contratación: el sistema no lo opera el municipio sino la empresa privada Speed Radar Tech, contratada de manera directa y sin licitación pública. Cuando los vecinos acuden al Juzgado de Faltas a cuestionar el sistema, la respuesta institucional deriva la responsabilidad en la empresa privada, dejando al ciudadano sin respuestas.

El malestar derivó en una campaña pública de recolección de firmas para anular el sistema de fotomultas, en la que los vecinos reclaman la suspensión inmediata del mecanismo, la anulación de las actas emitidas y la convocatoria a una audiencia pública para discutir un verdadero plan de seguridad vial basado en la prevención y no en la recaudación. Un nuevo frente de conflicto para la gestión de Soria en Roca, que se suma a los cuestionamientos por el cobro del asfalto y el aumento de las tasas municipales.