Tras el deterioro de la obra recién inaugurada, una concejal solicitó informes sobre los costos, los materiales y los controles, en un cuerpo legislativo que hasta el momento no formuló cuestionamientos formales al intendente.

El deterioro de la Rotonda Samoré, inaugurada hace apenas semanas por el intendente Pablo Grasso, derivó en un pedido de informes al municipio para conocer los motivos de las roturas. La concejal Daniela D’Amico solicitó saber los motivos técnicos de las fallas, si la ejecución estuvo a cargo de personal municipal o de una empresa privada, la calidad de los materiales utilizados, los controles efectuados, los plazos de reparación y los costos de la obra.

El pedido de información se produjo tras las primeras inclemencias climáticas, que dejaron al descubierto los desperfectos de una obra nueva. Sin embargo, el Concejo Deliberante de la capital no formuló cuestionamientos de peso ni denuncias formales contra el intendente por el estado de la obra.

El caso volvió a poner en discusión los controles sobre la obra pública municipal, en una ciudad que arrastra reclamos de infraestructura sin resolver. La falta de información sobre los costos y la ejecución de la rotonda alimentó las críticas sobre la transparencia de la gestión.

Mientras los vecinos esperan respuestas, la obra deteriorada expone las prioridades de una gestión más enfocada en las inauguraciones que en los resultados. El episodio se suma a los cuestionamientos que enfrenta Grasso por la forma en que administra los recursos y ejecuta la obra pública en Río Gallegos.