El intendente de Río Gallegos, su hermana y expresidenta del IDUV, y el jefe de Gabinete municipal fueron notificados como imputados en investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades en el organismo de vivienda y a aportes descontados a trabajadores municipales.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, su hermana y expresidenta del IDUV, María Grasso, y el jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, fueron notificados de su condición de imputados en investigaciones que tramitan ante la Justicia. Las causas corresponden a hechos y expedientes diferentes.

En el caso de los hermanos Grasso, la investigación está vinculada con presuntas irregularidades ocurridas durante sus gestiones al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz. Concretamente, la Justicia analizaría procedimientos administrativos, licitaciones y adjudicaciones de tierras realizadas durante esas gestiones. Es decir, se investiga si en la asignación de terrenos y en la contratación de obras se cumplieron o no las normas correspondientes. Entre los delitos que se analizan aparecen la administración fraudulenta en perjuicio del Estado (usar de manera irregular fondos públicos) y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa está a cargo del juez Giménez.

La situación de Diego Robles surge de otra investigación, iniciada a partir de una denuncia de trabajadores municipales. La causa se relaciona con aportes que se les descontaban del sueldo a los empleados y que presuntamente no habrían sido transferidos a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales, es decir, los organismos que manejan la jubilación y la obra social de los trabajadores. La Justicia buscará determinar qué pasó con esos fondos descontados y si hubo responsables por la falta de transferencia.

Cabe aclarar que la imputación es una instancia inicial del proceso, que permite a los involucrados conocer los hechos que se investigan y ejercer su defensa, y no implica una declaración de culpabilidad ni una condena. Las causas están en trámite y, mientras no haya una resolución judicial que determine lo contrario, rige para todos el principio de inocencia.