Por orden de la intendenta de General Roca, cuatro legisladores de su riñón político, varios de ellos salpicados por causas judiciales y escándalos como el Vacunatorio VIP, fueron los únicos que se opusieron a una inversión clave para la provincia que fue aprobada por abrumadora mayoría.

El proyecto, considerado estratégico para el desarrollo energético y económico de la provincia, contempla una de las inversiones más relevantes de los últimos años, con impacto directo en la generación de empleo, infraestructura y exportaciones. En ese marco, la negativa de este sector político no solo sorprendió por su aislamiento, sino también por el contexto en el que se produjo.

Los legisladores que respondieron a la directiva de Soria arrastran cuestionamientos públicos, algunos vinculados a causas judiciales y otros a episodios polémicos como el denominado Vacunatorio VIP, lo que profundizó las críticas hacia su postura. Desde distintos sectores señalaron que la decisión no respondió a criterios técnicos ni al interés provincial, sino a una lógica política que terminó dejando a Río Negro al borde de perder una oportunidad clave.

Mientras tanto, desde el oficialismo provincial destacaron el amplio respaldo que obtuvo el proyecto y remarcaron que la iniciativa sigue en marcha gracias al acompañamiento mayoritario, pese a las resistencias puntuales. En paralelo, empresarios y referentes del sector energético advirtieron que este tipo de señales generan incertidumbre y pueden afectar futuras inversiones.

La discusión dejó expuesta una grieta política en torno al modelo de desarrollo para la provincia: por un lado, quienes impulsan la llegada de capitales y el crecimiento de la matriz productiva; por otro, sectores que plantean objeciones que, según sus críticos, terminan obstaculizando el progreso económico. En ese escenario, el posicionamiento de Soria quedó en el centro del debate.