El cuerpo suspendió su sesión porque el Ejecutivo de Grasso no garantiza los insumos para funcionar, mientras enfrenta una demanda de desalojo por una deuda millonaria por el edificio, en contraste con los recursos que la gestión destina a viajes.

El Concejo Deliberante de Río Gallegos atraviesa una situación crítica que le impide funcionar con normalidad. La Presidencia del cuerpo informó que la sesión prevista para el 3 de septiembre fue suspendida porque el Ejecutivo Municipal no paga a los proveedores y dejó de garantizar insumos esenciales para su funcionamiento. Según se detalló, la deuda con proveedores de librería lleva más de un año.

A la falta de recursos para funcionar se suma una deuda de más de 66 millones de pesos por el edificio donde funciona el Concejo, según una demanda de desalojo presentada contra la Municipalidad. La situación deja al órgano encargado de controlar al intendente en una posición de creciente debilidad institucional.

El escenario adquiere una dimensión política: el oficialismo ligado a Pablo Grasso ya no cuenta con mayoría propia en el cuerpo legislativo. Mientras no aparecen recursos para que los concejales puedan sesionar, la propia circular oficial aclara que sí hubo fondos para pagar en tiempo y forma una compra de plantas realizada durante la anterior Presidencia del Concejo.

El contraste se profundiza con otros gastos de la gestión. Mientras el Concejo no tiene recursos para funcionar, Grasso y sus funcionarios destinaron casi 3 millones de pesos en viáticos y pasajes a Buenos Aires para participar de un encuentro del peronismo. La consecuencia termina siendo la misma: el órgano que debe controlar al intendente queda paralizado.